domingo, 2 de junio de 2013

Resolución 587/2007 - Creáse el Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de la Ley Nº 26.160". Bs. As., 25/10/2007


Instituto Nacional de Asuntos Indígenas


ASUNTOS INDIGENAS

Resolución 587/2007

Creáse el Programa Nacional de "Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas - Ejecución de la Ley Nº 26.160".


Bs. As., 25/10/2007


VISTO el Expediente Nº INAI-50405-2007 y la Resolución Nº 152/2004, ambos del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, el Convenio Nº 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, las Leyes Nº 23.302, Nº 24.071 y Nº 26.160 y el Decreto del P.E.N. Nº 1122 del 23 de agosto de 2007, y

CONSIDERANDO:


Que la Ley Nº 24.071 ratifica el Convenio Nº 169 de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, por el que el Estado Nacional, en el Artículo 14, Inciso 2, se obliga a "… tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.".


Que, en un mismo sentido, la Constitución Nacional, establece, en su Artículo 75, Inciso 17, "… reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…" las Comunidades Indígenas del país "… y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.".


Que, por su parte, la Ley Nº 23.302, de "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes", en su Artículo 6º, apartado a), indica al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS el actuar como su Organismo de aplicación.


Que la Ley mencionada en el Considerando precedente, establece en su Artículo 7º, que "…la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes…" 


Que, a los efectos mencionados en los Considerandos precedentes, es indispensable para el Estado Nacional, el realizar un relevamiento técnico jurídico catastral del territorio que ocupan tradicionalmente las Comunidades Indígenas del país. 


Que en virtud de ello, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, sanciona la Ley Nº 26.160, que declara, por el término de CUATRO (4) años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por Comunidades Indígenas originarias del país, que suspende por dicho plazo "… la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras…", y ordena a este Instituto realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.


Que posteriormente, el PODER EJECUTIVO NACIONAL sanciona el Decreto Reglamentario de la Ley Nº 26.160, que lleva el número 1122 del año 2007, y que en su Anexo I, Artículo 3º establece: "El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS aprobará los programas que fueren menester para la correcta implementación del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país, para la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria.".


Que, en la convicción de que se trata de un proceso ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, es fundamental impulsar el protagonismo del CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA – CPI – creado por Resolución Nº 152/2004, en la construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena.


Que el Programa cuya creación se impulsa a través de la presente, ha sido puesto en consideración del CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA – CPI – y éste ha expresado su aval sobre su contenido y directrices, teniendo en cuenta que el Programa deberá garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo.


Que este Organismo entiende que ante la posesión tradicional de una Comunidad Indígena, existe un derecho reconocido por la CONSTITUCION NACIONAL y por ello resulta necesaria impulsar mecanismos tendientes a viabilizar su instrumentación.


Que, por lo antedicho, es menester previamente, demarcar y mensurar el territorio que actualmente ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública, lo que constituye el objeto del PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS – EJECUCION DE LA LEY Nº 26.160", que impulsa el dictado de la presente.


Que la DIRECCION DE TIERRAS Y REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS dependiente de este Instituto impulsa el dictado de la presente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario Nº 155/89, los Decretos Nº 357/02 y modificatorios y Nº 345 de fecha 19 de marzo de 2004. 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS
RESUELVE:


Artículo 1º — Créase el PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS – EJECUCION DE LA LEY Nº 26.160", que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.


Art. 2º — La presente resolución es refrendada por el Señor Director de la DIRECCION DE TIERRAS Y REGISTRO NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS de este INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, Dr. Carmelo Antonio DELL’ELCE. 


Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívase. — Jorge Rodríguez.

ANEXO I


Programa Nacional

Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas

Ejecución de la Ley 26.160

Corresponde al expediente Nº INAI-50405-2007


AUTORIDADES

PRESIDENTE
Dr. Jorge Rodríguez

Vice Presidente
Lic. Jorge Córdoba

Dirección de Tierras y Re.Na.C.I.
Dr. Antonio Dell’Elce

Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas
Lic. Juana Amaya

Cultura
Responsable Area: Lic. Osvaldo Cloux

Artesanías
Responsable Area: Lic. Erica Vidal

Educación
Responsable Area: Lic. Sofía Szulgay

Desarrollo Comunitario
Responsable Area: Lic. Nazareno Adami

Salud
Responsable Area: Lic. Inés Quilici

Administración
Lic. Inés Pedro Bautista

Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas
Compilación y redacción
Lic. Sergio Esteban Caviglia

Correspondencia Postal
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas INAI
San Martín 451 Entrepiso
CI1004AI / Ciudad de Buenos Aires

Teléfonos: 011. 4348.8229
11. 4348.8472
Fax 011. 4348.8473
Tel Gratuito: 0800-999-4624
Correo Electrónico: indígena@inai.gov.ar
Página Web: http://www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/default.asp

Programa Nacional
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas
Ejecución de la Ley 26.160

Relevamiento técnico - jurídico – catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas
Artículo 3º Ley Nº 26.160

1 INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

1.2.2. Objetivos específicos

2. RED NACIONAL DE ARTICULACION

3. CONCEPTOS RECTORES PARA EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL.

3.1. La Exploración y Explotación de Recursos Naturales.

3.1.a. La cuestión ambiental y el desarrollo.

3.1.b. Desarrollo

3.1.c. Recursos naturales y tierras.

3.2. Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo

3.2.1. El derecho positivo argentino y regional.

3.2.2. Constitución Nacional (Reforma 1994).

3.3. Reconstrucción de los territorios.

3.3.1. Territorio, tierras y propiedad.

3.3.2. Los territorios tradicionales.

3.3.2.a. Componentes de los territorios Tradicionales
.
La dimensión política.
El valor económico.
La dimensión social.
La dimensión cultural.
La perspectiva religiosa.

3.3.2.b. Delimitación de los territorios tradicionales

3.4. Factores Obstaculizadores y Facilitadores.

3.5. Metodología de trabajo para la delimitación de los territorios de Subsistencia

4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION

4.1. Equipos y Roles

4.1.1. El Equipo de Coordinación del Programa del INAI

4.1.2. El rol de la Mesa Coordinadora del CPI

4.1.3. El rol del CPI a nivel Provincia

4.1.4. El rol de las Comunidades

4.1.5. El rol del Representante del gobierno Provincial

4.1.6. El rol del Equipo Técnico Operativo.

4.1.6.a. Definición del Equipo Técnico Operativo.

4.1.6.b. El Equipo Técnico Operativo.

4.2. Plan de Trabajo:


1 INTRODUCCION


1.1. Antecedentes


El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el objetivo de garantizar a las Comunidades Indígenas los derechos constitucionalmente reconocidos, regulados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y los Convenios de Derechos Humanos internacionales, cree imprescindible promover un relevamiento técnico-jurídico y catastral del territorio que ocupan tradicionalmente las Comunidades Indígenas del país.

Atento que el Convenio 169 OIT- Ley 24.071 establece:


"Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión." Art. 14 2.


Y la Constitución Nacional ordena:


"…reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos." Art. 75, inc. 17


El INAI ha impulsado el tratamiento del Proyecto de Ley S- 1599/06, presentado por las Senadoras Alicia Kirchner y Liliana Fellner, sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. Este proyecto fue consultado al CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA (CPI) siendo avalado por el mismo, en el marco del Primer Encuentro Nacional, realizado en Chapadmalal el 1 de junio de 2006. 


El CPI —creado mediante resolución del INAI Nº 152 de fecha 6 de agosto de 2004— materializa la representación indígena en el Consejo de Coordinación previsto por la Ley 23.302. Se ha establecido la representatividad indígena de todo el país por pueblo y por provincia, resultando finalmente integrado por ochenta y cinco (85) miembros, a efectos de garantizar una genuina participación en todos los intereses que los afecten.


El mismo acompañó el tratamiento del Proyecto de ley antes mencionado en cada una de las comisiones intervinientes en el ámbito de la Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación y recepcionó con gran beneplácito su sanción definitiva.


Dicho Proyecto luego de un amplio debate entre los meses de mayo y octubre de 2006, se convirtió en la Ley Nº 26.160/06 que fue sancionada el 1º de Noviembre de 2006, promulgada el 23 de noviembre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial Nº 31.043, Primera Sección, págs. 2 y 3 el 29 de noviembre de 2006. Su Decreto Reglamentario Nº 1122/07 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 31.225, Primera Sección, págs. 4 y 5 del 27 de agosto de 2007.


En el marco de la Ley, se ordena al INAI realizar el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas debiendo promover las acciones que fueran necesarias con el Consejo de Participación Indígena (CPI), los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.


Mediante dicha Ley se crea un Fondo Especial destinado a afrontar los gastos que demanden:


a) El relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.


b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales.


c) Los programas de regularización dominial.


Dicho Fondo Especial será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

En las últimas décadas hemos sido testigos de un proceso de revitalización de la identidad/conciencia indígena que ha sido acompañado por un reconocimiento jurídico de sus derechos en distintos textos constitucionales y legislativos.


En la convicción de que se trata de un proceso ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, el INAI entiende que es fundamental el protagonismo y la participación del Consejo de Participación Indígena en la construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena. 


A modo de propuesta, el INAI pone a consideración del CPI, la posibilidad de integrar el Relevamiento Territorial a un proceso más amplio que contemple las siguientes etapas:


• Identificación de las Comunidades Indígenas


• Relevamiento social de la organización comunitaria


• Relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario


• Relevamiento socio-productivo y recursos naturales.


Esta propuesta fue presentada al Consejo de Participación Indígena (CPI) en las distintas instancias Regionales y la Nacional, teniendo en cuenta que:


"…los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación." Art. 13. 1. Convenio 169 OIT


Para la elaboración del PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. EJECUCION DE LA LEY 26.160" se consultó al CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA (CPI) en las distintas instancias Regionales, habiéndose confeccionado las actas correspondientes de cada encuentro.


• Regional NEA: Formosa, octubre de 2006


• Regional NOA: San Miguel de Tucumán, octubre de 2006


• Regional Centro-Sur: San Carlos de Bariloche, noviembre de 2006


• Reuniones de la Mesa Coordinadora: desde Noviembre 2006 y que continúa hasta la fecha.


Se consultó a los representantes indígenas acerca de:


• La relación con el territorio que ocupan.


• La ocupación tradicional, actual y pública del territorio comunitario


• Cómo concretar en el proceso de relevamiento, la participación indígena del Pueblo y Comunidad en la demarcación de la ocupación tradicional, actual y pública


• Cómo realizar el Relevamiento en las Comunidades Indígenas, que ejercen una posesión y propiedad no comunitaria, o en Comunidades que ocupan ámbitos urbanos.


• Se debatió acerca de la participación de otros Organismos y ONGs


• Se solicitaron aportes sobre las distintas etapas del Relevamiento.


Posteriormente se elaboraron sucesivas versiones del programa que fueron puestos a consideración de la Mesa Coordinadora del CPI hasta llegar a la versión definitiva para ser sometido a la consulta y participación del Encuentro Nacional de representantes indígenas.


En el marco del SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DEL CPI realizado en el mes de marzo de 2007, luego de exponer, evaluar y debatir procedimientos técnicos y metodología para su implementación, los representantes indígenas aprobaron el PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. EJECUCION DE LA LEY 26.160." En él se acuerdan las metodologías y modalidad de participación del CPI y de las Comunidades en las distintas etapas del Relevamiento.


• Se acuerda con los representantes indígenas una propuesta de ‘Equipo Técnico Operativo’ y cómo realizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en cada provincia.


• Se consulta y acuerda un proyecto de Decreto Reglamentario de La Ley 26.160 —ya avalado por la Mesa Coordinadora del CPI—, para su elevación al Poder Ejecutivo Nacional.


El PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS se articulará con el Programa FORTALECIMIENTO COMUNITARIO —Res. INAI 235/04— que tiene como objetivo acompañar a las Comunidades Indígenas en todas las acciones tendientes a consolidar la posesión de la tierra que ocupan, con el objetivo de alcanzar la Propiedad Comunitaria de las mismas. Con ese fin el INAI subsidia a las Comunidades para afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en: acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico/contable, talleres de capacitación legal, ejecución de mensuras, intervención de escribanos, antropólogos y otros profesionales. Este programa comparte el mismo espíritu de la ley debido a ello se complementan y articulan.


En el marco del Programa Fortalecimiento Comunitario se tramitarán los subsidios solicitados por las Comunidades Indígenas a los efectos de abordar "las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales" Art. 4º.b


Asimismo se gestionarán Programas de Regularización Dominial específicos a los efectos de cumplir con lo normado en el Artículo 4º c.


1.2 Objetivos


El INAI de acuerdo a la Ley Nº 26.160 pretende garantizar:


• El reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas.


• Promover la participación indígena —a través del CPI— en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del Programa.

El actual Gobierno ha mostrado especial interés en revertir la situación de desequilibrios territoriales y sociales. Para ello ha encomendado al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la ‘Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial’ (PNDT). Debido a ello este programa articulará las acciones necesarias dentro de este marco general de Gobierno.


Para:


• promover el reconocimiento jurídico de los derechos de las Comunidades Indígenas sobre los territorios y los recursos;


• impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios de actual ocupación tradicional


• requerir la participación "efectiva" del CPI a través de todo el ciclo del programa;


• involucrar a los pueblos indígenas —a través del CPI— en la implementación, el monitoreo y la evaluación del programa.


1.2.1. Objetivo General:

Realización del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas.


Características de las Tierras a relevar


De acuerdo a la Ley 26.160:


"… de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas" (Art. 4º a)


1.2.2. Objetivos específicos:


1. Actualizar la información acerca de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas pertenecientes a los distintos pueblos registradas en la República Argentina, en el ámbito nacional y provincial; aún aquellas que no han registrado su personería jurídica


2. Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: Difusión, Asambleas Comunitarias y Capacitación en la implementación de la Ley 26.160 y en el relevamiento comunitario


3. Relevar la organización comunitaria en el marco del pueblo al que pertenece


4. Relevar los aspectos socio-productivo y recursos naturales.


5. Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario de ocupación tradicional, actual y pública.


6. Verificar mediante relevamiento —con participación de las comunidades— la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados; respetando las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales. Modalidad rural y urbana


7. Se relevarán todos los antecedentes de las historias, tenencia, ocupación de las tierras de cada una de las comunidades. Se realizará el relevamiento de puntos con GPS en conjunto con las comunidades y se volcarán en mapas con soporte SIG. Se confeccionará un mapa de conflictos y problemas y se plantearán las posibles estrategias de resolución de cada uno de los problemas por comunidad.


8. De acuerdo a las particularidades de cada provincia- realizar la mensura de las comunidades y asentamientos a través de este PROGRAMA mediante:


8.a. La formulación de bases y condiciones para la mensura


8.b. La adjudicación y contratación de mensuras


8.c. La ejecución de mensuras


8.d. La aprobación planos


9. El PROGRAMA generará las condiciones para que la Comunidad beneficiaria circunscriba las partes de los territorios en conflicto con el objeto de ser abordado desde el PROGRAMA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Res. INAI 235/04- tendiente a lograr el título comunitario. Estos Proyectos se implementarán de forma independiente al Proyecto formulado por el Equipo Técnico Operativo.


10. Asimismo, los resultados del PROGRAMA favorecen la identificación de los territorios susceptibles de ser abordados por Programas de Regularización Dominial específicos.


11. Elaborar informes de avance parciales bimensuales y anuales


12. Evaluar las herramientas de Regularización Dominial para cada caso


Para ello se deben promover las acciones que fueran necesarias:


• Fundamentalmente con el Consejo de Participación Indígena (CPI)

Y con:


• Los Institutos Aborígenes Provinciales,


• Universidades Nacionales,


• Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales,


• Organizaciones Indígenas y


• Organizaciones no Gubernamentales.

Estas tareas se imputarán al fondo destinado a afrontar los gastos que demanden:


a) El relevamiento técnico – jurídico – catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.


Dicho fondo ha sido asignado por la citada Ley al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI).


2. RED NACIONAL DE ARTICULACION


El INAI con el objeto de fortalecer y consolidar los objetivos propuestos, articulará con organismos Nacionales con el fin de Objetivo: Garantizar los Derechos y Participación de las Comunidades durante el Transcurso del Programa.


• Secretaría de Derechos Humanos, (Dirección Nac. de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y de Incidencia Colectiva)


• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales),


• Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)


• Defensoría del Pueblo de la Nación

A tal efecto se celebrará un acta de compromiso que establecerá la modalidad de articulación.



3. CONCEPTOS RECTORES PARA EL RELEVAMIENTO TERRITORIAL1.


El problema de la tierra de los Pueblos Indígenas no puede ser respondido solamente en términos topográficos, o meramente histórico o geográfico. Los planteos deben estar enmarcados dentro del concepto de territorio tradicional (etnoterritorio según algunos autores) y considerando los derechos fundamentales a la identidad y autodeterminación como Pueblo Originario.


Es importante señalar algunas acotaciones sobre el espacio y el territorio:


1. Cada pueblo tiene un control y apropiación particular del espacio que se expresa en la manera en que es distribuido y organizado. En ese sentido el espacio es una construcción social resultado del tipo de relaciones sociales y de producción existentes. Los procesos sociales imperantes en cada pueblo son los que definen el tipo de organización espacial y las formas de apropiación del territorio.


2. El territorio es esencialmente un espacio socializado y culturalizado, portador de significados que sobrepasan su configuración física. La trascendencia del territorio radica en que éste es el sustrato espacial imprescindible de toda relación humana. Los seres humanos nunca acceden directamente a ese sustrato, sino que lo hacen a través de elaboraciones culturales. De esta manera, entre el ambiente natural y la actividad humana hay siempre mediando una serie de objetivos y valores específicos, un cuerpo de conocimientos y creencias, en otras palabras un patrón cultural.


3. El espacio no es un elemento pasivo e inerte sino que forma parte del propio sistema social y condiciona en cierto modo su funcionamiento, originando respuestas múltiples a las actuaciones emanadas de ese sistema social. Ello genera distintos modelos culturales de estructuración del espacio.


4. El territorio conlleva un carácter temporal por lo que hay que analizarlo en perspectiva histórica. Es a partir de estos procesos históricos que pueden comprenderse las dinámicas y transformaciones de las estructuras espaciales en un tiempo determinado. En esa perspectiva no hay espacio, sino un espacio-tiempo históricamente construido y determinado.

––––––––––––––––

1 Se utilizó fundamentalmente Filachi et al 1995; Molina 1995; Huenchulaf; Defensa y Reivindicación, 1996 y ONIC 1997.


El relevamiento territorial en su conjunto, deberá:


• Recabar información sobre los diversos aspectos sociales, bióticos y fisiográficos que configuran los territorios indígenas.


• Diseñar diagnósticos que den cuenta de la situación actual de cada pueblo indígena y su territorio.


• Identificar, analizar y explicar las dinámicas espaciales que han transformado los territorios propios y han condicionado el ordenamiento existente.


• Delimitar los fines de usos de la tierra de acuerdo a sus cosmovisiones y su relación/es con el ambiente y a la demanda que exista sobre ella.


• Potenciar las dinámicas naturales de resiliencia que permitan la conservación, defensa y mejoramiento de los denominados recursos naturales renovables.


• Preservar el paisaje y la biodiversidad.


• Preservar zonas arqueológicas y lugares sagrados.


• Crear las condiciones para la implementación de los Derechos Constitucionales consagrados


3.1. La Exploración y Explotación de Recursos Naturales.


3.1.a. La cuestión ambiental y el desarrollo.


Nos referimos a la relación Pueblos Originarios-Naturaleza y reseñamos las distintas cosmovisiones y los conflictos ambientales que han provocado la ideología dominante en nuestro país.


El tema de la tierra nos hace confrontar dos modos de verla, de vivirla, uno que nos coloca sobre la naturaleza como señores y otro con la naturaleza como hermanos y hermanas o hijos.

Son dos concepciones, una que disocia y excluye y otra concepción que religa, que está en comunión.


Los modelos actuales tienden a uniformar y destruir la diversidad y condicionan e influyen en las expectativas y deseos de la gente. Para ello se fragmenta la realidad y la posibilidad de cualquier construcción que no esté dentro del proyecto económico, su mejor arma es generar la desesperanza. 


Las Comunidades Indígenas han resistido todos estos siglos gracias a esa ligazón que les permitió mantener su identidad y su diversidad, ese ser y estar con, que el mundo moderno está perdiendo.


Al conocer el pensamiento de los pueblos originarios y reflexionar sobre esa concepción simbólica "Hombre-Naturaleza", es evidente el contraste del pensamiento originario homogéneo con el pensamiento hegemónico capitalista, europeo u occidental y sus prácticas generalizadas de destrucción de la vida y la naturaleza.

Esas distintas visiones del mundo podrían sintetizarse de esta manera:


- Una visión de los Pueblos originarios que intenta una relación de complementariedad con la naturaleza, donde el pueblo originario es un elemento más del ecosistema: "La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra".


- En contraposición, una visión nor-occidental dominante, donde el hombre no es un elemento constitutivo del sistema ambiental, sino un elemento de dominación de la naturaleza, donde el afán de crecimiento y rendimiento ilimitados generan contradicciones y crisis ecológicas y sociales. 


En síntesis:


Relaciones sociedad-naturaleza
Pueblos Originarios
Cultura Occidental
acción respetuosa y de complementareidad con el ambiente, consciente de las limitaciones y condicionamientos del ecosistema
Acciones predadoras impulsadas por la ideología del lucro y el consumismo, puramente instrumentales y depredadoras de la naturaleza.


3.1.b. Desarrollo


El "desarrollo" de los pueblos originarios es definido por ellos mismos, así como sus metas, medios y parámetros de medición cuantitativa y evaluación cualitativa.


3.1.c. Recursos naturales y tierras.


Los más importantes recursos naturales existentes son los recursos no-renovables (gas, petróleo, minerales). Entre los renovables cuentan también los hidroeléctricos, forestales y paisajísticos.

La realidad económica de los Pueblos Originarios es en general la de subsistencia, basada principalmente en la actividad pecuaria o agropecuaria; en algunos casos de caza y recolección. Como ingresos complementarios tienen la horticultura, artesanía y tareas fuera de la comunidad. En el último siglo la población ha aumentado, mientras que sus tierras aptas han disminuido. Muchos migran a ciudades. Actualmente la mayoría se encuentran en áreas marginales urbanas, o rurales con fuertes condicionamientos ecológicos (aridez, relieve pronunciado, pasturas deficientes) límites naturales, económicos y técnicos tal vez superables con otro tipo de actividades productivas. A ello se suma el aislamiento social y la situación de exclusión.

La actual exploración y explotación de recursos naturales en las tierras indígenas se desarrolla por personas y entes empresariales y estatales ajenos a las comunidades, impactando —en general en forma negativa— sobre su población, hábitat, cultura y economía. En muchas de las tierras que actualmente ocupan las comunidades existen minerales de diferente categoría cuya explotación, en lugar de proporcionar beneficios a los poseedores de la tierra, sólo les acarrea perjuicios sin compensación alguna.

Los estados provinciales, a través de años, han formulado y puesto en marcha planes y programas de explotación de esos recursos sin la participación en la elaboración y control de los mismos de las comunidades directamente afectadas y sus organizaciones representativas. Tampoco son notificadas ni consultadas en ocasión de otorgarse los permisos mineros.

A esto agregamos el abuso ejercido por las empresas, que explotan sin miramientos del daño que provocan, con grave alteración del equilibrio natural agravando las precarias condiciones de vida de los pobladores. Invaden reservas y territorios indígenas de ocupación tradicional sin aviso, consulta o tratativas previas. Miden, clavan estacas, extraen muestra, contaminan, excavan, ingresan personal, maquinaria y vehículos, como si en esos territorios no habitasen personas 


3.2. Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo


Marco legal del Programa


El marco jurídico de los derechos de los pueblos indígenas que encuadra las acciones del Programa se integra con las siguientes normas:


1. El artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y normas conexas;


2. Las Declaraciones y los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, en particular, los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 75, inc. 22);


3. Otros convenios internacionales debidamente ratificados, con carácter infraconstitucional pero supralegal (art. 75 inc. 22); en particular, el Convenio Nº 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley Nº 24.071) y el Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley Nacional Nº 24.375);


4. Las leyes nacionales específicas, en primer lugar, la ley nacional Nº 23.302 de Política indígena y de apoyo a las comunidades aborígenes en cuanto no se oponga a los derechos establecidos en las normas antes citadas y la recientemente sancionada ley nacional Nº 26.160 de Emergencia de la propiedad comunitaria indígena y;


5. Las Constituciones provinciales y leyes provinciales.


El Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo


Las autoridades originarias tienen su legitimidad en el régimen parental, la concepción filosóficoreligiosa y en el vínculo de la comunidad con la naturaleza.

El orden jurídico interno de nuestro Estado, ante el derecho consuetudinario se manifiesta con la expresión "usos y costumbres"; y lo acepta como "fuente de derecho", en rango inferior y supletorio, exigiendo variados requisitos para su reconocimiento legal.


El Código Civil argentino, por su parte, reza en su art. 17 (reformado por Ley 17.711): 

"los usos y costumbres no pueden crear derecho sino cuando las leyes se refieren a ellos o en circunstancias no regladas legalmente". 

Vemos entonces que se abren los caminos para la incorporación del derecho consuetudinario de los pueblos originarios:


3.2.1. El derecho positivo argentino y regional.


Queremos finalmente sintetizar la legislación de nuestro país, relativa a tierra ocupadas por indígenas y a la explotación de sus recursos naturales. Comenzando por la cúspide de la pirámide, la Constitución Nacional argentina ha dado un salto cualitativo en su Reforma Constitucional del 94 


3.2.2. Constitución Nacional (Reforma 1994).


"Art. 75. inc. 17 -Corresponde al Congreso reconocer la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad Comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos."


En primera instancia debe destacarse que el tema de la propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente el núcleo neurálgico de la problemática indígena y se ha convertido en la principal demanda de los pueblos indígenas argentinos. 

El Art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional menciona dos situaciones distintas que deben tenerse en cuenta en la implementación de políticas con respecto a las tierras indígenas:


1.- Se refiere al "reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan", el Estado asume una realidad fáctica a la que otorga derechos de envergadura constitucional.


2.- Trata sobre la "regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano", lo que implica obligación estatal de atender a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto de la tierra.


El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra, que esta es sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción que no incluye, como ocurre en las sociedades de tecnología compleja, la práctica de transformación masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc. están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de los pueblos indígenas.


Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional actual, que ahora posee rango constitucional, y que es objeto de este Relevamiento Territorial. 


Se observa el positivo reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria, junto al silencio sobre otras formas (familiar p.ej.) previstas por los instrumentos internacionales de DD.HH (v. Conv. OIT 169, art. 15). - El presente de "ocupan" y la previsión de procesos restitutivos; la entrega de otras tierras aparece como concesión graciosa, a "regular".


Recursos naturales: (cont, inc. 17) "Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que les afecten".


El inc. 17 finaliza: "Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones". 

En realidad el grueso de las tierras llamadas "fiscales", disponibles en el país, y gran aporte de los recursos naturales, son del dominio de los Estados Provinciales, de modo que la aplicación de la norma a nivel nacional se restringiría a las tierras de esa jurisdicción (ej. Parques Nac.) o actividades económicas regladas por leyes nacionales. 

El texto del inciso no incluye el concepto de "territorio" pese a la previa ratificación legislativa del citado convenio de la OIT (Ley 24.071).


3.3. Reconstrucción de los territorios.


3.3.1. Territorio, tierras y propiedad.


En la actualidad las comunidades indígenas conservan porciones de tierras en áreas que fueron parte de sus territorios ancestrales. Estas tierras las poseen como propiedad constituida en base al derecho del Estado-Nación y en muchos casos como ocupantes de terrenos sin título vigente, encontrándose una gran cantidad de hectáreas de tierras inscriptas a nombre de particulares o del fisco.

Muchas veces las tierras en manos indígenas, se consideran como territorios étnicos, sobre la base que ellas son propiedad constituida, pero no se consideran las tierras aledañas en posesión de terceros que hasta hace pocas décadas pertenecieron a las comunidades indígenas y que les fueron enajenadas por variados métodos. En cambio, desde la perspectiva indígena ellas son parte del territorio ancestral y por lo tanto son reivindicadas como parte de los espacios jurisdiccionales históricos, y por tanto se consideran territorios.

Esta doble perspectiva requiere analizar los significados de los conceptos de territorio, tierras y propiedad tienen el Estado y los Pueblos Originarios.

Sin embargo la denominación de territorio de indígenas fue cambiada por territorio de colonización, es decir a medida que se ocupaban militarmente, se sometía a los pueblos Indígenas a la jurisdicción nacional, se apropiaba de sus tierras y se disponía de ellas para radicación, remates y colonización con nacionales y extranjeros, el territorio dejaba de ser de estos pueblos que habitan el territorio desde hace por lo menos 13.000 años.

Para los Pueblos Indígenas, la pérdida del territorio es una cuestión ilegítima, en la medida que éste fue enajenado mediante diversos mecanismos de violencia directa, engaño y usurpación legal. De aquí que la recuperación de las tierras siga teniendo vigencia en la memoria colectiva de las comunidades, las que siempre son reivindicadas como parte de los territorios ancestrales, tanto las que hoy poseen, como aquellas que se encuentran en posesión de terceros. Igualmente las organizaciones indígenas promueven la construcción de distintos grados de autonomía, ya sea exigiendo el reconocimiento o ejerciendo ese derecho. Lo relevante es que el territorio indígena mantiene vigencia en el discurso y el imaginario, sustentado en las actuales tierras de comunidades, que representan porciones del antiguo dominio territorial.

El Estado sustituyó el territorio de indígenas por propiedad de indígenas, ya sea constituida en base a las normas del derecho común o por leyes especiales como fueron las de radicación. La características de estos títulos fue que en ellos se reconocía lo efectivamente ocupado, es decir el lugar de las viviendas y zonas de producción, pero no así sus jurisdicciones comunales, que después fueron asignadas a particulares conformando propiedad privada sobre las tierras indígenas.

En la mayoría de los títulos de propiedad indígena no se respetó los territorios jurisdiccionales de cada comunidad y en la mayoría de los casos se entregó sólo una parte pequeña de los efectivamente dominado y poseído. En segundo lugar, no se respetó las formas de transmisión, ocupación y uso de la tierra indígena, sino en la mayoría de los casos se realizó por familias, no se reconocieron cada uno de los potreros poseídos por familias y no se aseguró la permanencia del uso extensivo sobre extensas praderas. Usualmente se les obligó a la reducción drástica de sus tierras a un uso del suelo de subsistencia precaria.

Respecto de la categoría de tierra, ésta asumió usualmente el carácter de fiscales, baldías, vírgenes o mal explotadas donde era preciso se introdujera la civilización y el progreso.

La tierra asumía entonces sólo un valor especulativo, productivo y apropiable. Para los Pueblos indígenas la tierra, poseía y posee un profundo sentido que trasciende lo meramente productivo, aunque este aspecto sea el principal de la subsistencia y reproducción social y económica, pero la tierra no sólo da el alimento, sino también sentido de identidad y pertenencia, permitiendo la sobrevivencia cultural y la manutención de las prácticas religiosas.

En conclusión, las categorías de territorio, propiedad y tierra tienen distinto sentido, contenido y vigencia para el Estado y para los Pueblos Originarios. En esta perspectiva la reconstrucción de los territorios tradicionales requiere en cuanto a la base material de asentamiento y dominio de estas tres categorías, que se conjugan de distinta forma dependiendo del caso de que se trate y de la particular manera en las comunidades que le han sido enajenados sus antiguos dominios territoriales.

Los territorios tradicionales, se reconstruyen a partir de los actuales dominios de tierras de las comunidades, desde aquí se producen las recuperaciones de los terrenos ancestrales sea por vía directa o por vía de exigir la intervención de instituciones del Estado. Los deslindes y superficies de un territorio tradicional, incluyen en su definición los aspectos políticos jurisdiccionales de los antiguos dominios, cuyos linderos han sido transmitidos de generación en generación y permanecen en la memoria histórica de la comunidad. También estos deslindes del territorio tradicional consideran los espacios económicos-productivos, los espacios sociales ancestrales, los antiguos espacios sagrados, rituales y religiosos. Es por ello que todos los espacios territoriales están cargados de sentido cultural de una etnia específica. 


3.3.2. Los territorios tradicionales.


3.3.2.a. Componentes de los territorios tradicionales


Los territorios tradicionales constituyen una categoría que da cuenta de los espacios habitados por pueblos indígenas o una parte de éstos, que poseen por característica, encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos territorios son valorizados por los pueblos indígenas, al asignarle un contenido político, económico, social, cultural y religioso.

La dimensión política, se expresa como jurisdicción territorial, gobernada por un representante de la comunidad, regida por normas y leyes propias, cuyos grados de autonomía e independencia territorial están determinados por factores y momentos históricos.

El valor económico es aquel necesario para la reproducción y subsistencia de la comunidad o Pueblo.

La valoración indígena de cada espacio productivo que se relaciona estrechamente con las características ambientales que éste tiene, ya que allí se encuentran los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo.

La dimensión social del etno-territorio se vincula a la población indígena que lo habita, la cual se da una organización no sólo para ocuparlo de acuerdo a normas, derechos y obligaciones de sus miembros, sino que se construye un ordenamiento que posibilita su uso y aprovechamiento comunitario.

Es de especial relevancia la organización social del espacio en base a las relaciones de parentesco, es decir, la pertenencia de los linajes al uso y aprovechamiento de territorios, determinados por la tradición y la herencia, que es reconocida por el conjunto de la comunidad.

La dimensión cultural de territorio indígena conforma una variable de especial importancia pues la toponimia se refleja no sólo en la lengua, sino también la cosmovisión de la comunidad indígena. El espacio geográfico cultural contiene a su vez una dimensión valorativa de toda la vida natural y en general de las fuerzas de la naturaleza.

La perspectiva religiosa de los Pueblos indígenas de su territorio, es una dimensión que vincula lo divino con lo terrenal, dentro de él se construyen o erigen lugares sagrados. Quizás, una cuestión que ancla a los Pueblos o Comunidades indígenas a un territorio, es un aspecto religioso vinculado al paso que se produce con la muerte, de espacio terrenal a otro distinto pero donde el ritual funerario y el lugar escogido para enterrar los cuerpos, construye otro espacio sagrado en el territorio que da pertenencia, al igual que el lugar en que se nace. Esta dimensión también la encontramos en los campos de rogativa, en las apachetas, y los lugares sagrados para cada uno de los pueblos.

La conformación de los territorios tradicionales es multidimensional, porque contiene todos los aspectos que definen a los Pueblos Indígenas y que éstos consideran en el complejo mapa de la valoración de las particularidades y estrechas vinculaciones de sus componentes sociales y naturales. Sin embargo, todo ello se contiene dentro de deslindes, límites y fronteras territoriales, ya sea para distinguirse de otros, como para organizar y ordenar el uso, posesión, aprovechamiento y/o usufructo de los espacios dentro de un territorio, que conforman los Pueblos y Comunidades indígenas. 


3.3.2.b. Delimitación de los territorios tradicionales

La delimitación de sus límites y fronteras requiere de la consideración integrada de todos sus aspectos; políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos expresados en el territorio como espacio multidimensional en que la perspectiva antropológica-histórica es de fundamental importancia para la comprensión y reconstitución de estos espacios jurisdiccionales indígenas. 


La consideración de los aspectos políticos-territoriales desde una perspectiva histórica permite reconstituir los espacios ancestrales y a su vez comprender la situación actual en que se encuentra esta dimensión jurisdiccional de los indígenas sobre su territorio. Ello a su vez posibilita comparar los antiguos dominios con los actualmente poseídos, comprender los procesos de reducción de los ámbitos político-territoriales, comparar los deslindes y entender las demandas de las comunidades por recomponer sus antiguos dominios, cuestión que está presente en la memoria colectiva, en los mapas mentales del territorio de cada comunidad, y refrendado en numerosa documentación, permitiendo deslindar y re-delimitar el territorio político jurisdiccional.


El espacio cultural se delimita en el territorio a partir de los elementos más genéricos como la toponimia que denomina los lugares en lengua indígena connotándolos de sentido, y va especificando los lugares elegidos para los encuentros de la comunidad de carácter festivo o religioso. Es necesario precisar entonces, que los espacios culturales pueden ser más extensos que el territorio de una comunidad, cuando trascienden sus deslindes para conjugar el sentido colectivo de múltiples comunidades, o son compartidos como patrimonio común indígena.

La delimitación religiosa del territorio se vincula preferentemente al área de congregación de comunidades (espacio-territorio sagrado).


Los territorios tradicionales deben comprender en su análisis reconstitutivo diferentes aspectos, partiendo en primer lugar por la participación activa de las comunidades indígenas, que definen el alcance de cada variable territorial y su expresión espacial, para luego ser complementada con otros antecedentes de orden bibliográfico, que ayuden al proceso de ordenamiento y sistematización de la información, con el fin de reconstruir el territorio que en la actualidad ocupan, el que antaño poseyeron y el que se busca recrear.


3.4. Factores Obstaculizadores y Facilitadores.


Es necesaria la confección de los mapas de conflictos que surjan del Relevamiento Territorial.

Por ejemplo, Isabel Hernández en el siguiente cuadro (2003) sintetiza la complejidad de esta problemática para los Mapuche en Chile y en Argentina:


Factores Obstaculizadores y Facilitadores para el ejercicio de la Autonomía en Wallmapu 


Facilitadores
Obstaculizadores
- Territorio definido e identificado por organizaciones.
- Aumento del estado de conciencia de PUEBLO, portador de derechos.
- Disposición acelerada por recuperación territorial
- Mayor acceso al Sistema Educación (especialmente, a nivel Superior y sobre todo en Chile)
- Aumento de Profesionales Mapuche en ejercicio y con conciencia de pertenencia al pueblo-nación (especialmente en Chile).
- Aumento de la conciencia de la existencia de Pueblos originarios, por parte de las sociedades chilena y argentina.
- Dispersión territorial facilitadora de formas de autogobierno y liderazgo diferentes, lo cual también facilita el control territorial
- Proceso de descentralización de los Estados.
- Proceso de disminución de los aparatos Estatales.
- Dispersión política de organizaciones.
- Rivalidades históricas entre organizaciones.
- Frentes de conflictos diversos y dispersos en tiempo y espacio: Reforma Procesal Penal, Programa BID-"Orígenes", Conflictos CONADI, Litigios Empresas Forestales, Conflictos de Hidroeléctrica Ralko, Vertederos de Basura, problemática diversa y respuestas organizacionales dispersas, en ámbitos rurales y urbanos, etc. (en Chile) y Conflictos provinciales y nacionales, acelerado despojo de recursos naturales del subsuelo, venta indiscriminada de territorios, etc. (en Argentina).
- Estado unitario, constitución Política sin reconocimiento de los Pueblos originarios y correlación de fuerzas adversas en el ámbito parlamentario y sistema electoral binominal (en Chile).
- Fuerte presencia de intereses económicos privados nacionales y extranjeros en la zona.
- Estereotipos en población chilena y argentina, reproductora de discriminación y marginación sistemática e institucionalizada.
- Gobiernos nacionales y regionales o provinciales con marcado discurso nacionalista e integracionista.
- Asistencialismo asumido hacia la población Mapuche.
- Degradación progresiva de los Recursos Naturales, por excesiva explotación privada.
- Inexistencia de orgánica mínima de muchas organizaciones mapuche.
- Poderes económicos de la región con representación política parlamentaria (en Chile).
- Dependencia económica generada por la situación internacional. (Tratados de Libre Comercio-TLCs, resultan negativos para la calidad competitiva de los productos mapuche.
- No ratificación de instrumentos internacionales: Convenio 169 OIT (en Chile).
- Sistemas Educativos y de Salud (institucionalizados) reproductores de ideologías discriminatorias, prejuiciosas e intolerantes

3.5. Metodología de trabajo para la delimitación de los territorios de Subsistencia

La Metodología de trabajo obtenida para el programa ha sido tomada de la experiencia de LHAKA HONHAT

La Asociación Aborigen LHAKA HONHAT. (asesoría técnica ASOCIANA). Realiza el estudio cartográfico de la ocupación y uso de tierras entre las comunidades Indígenas en los lotes fiscales 14 y 55, en el Municipio de Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Provincia de Salta, (hemos tenido acceso al informe de Ag de 2002 del que tomamos la información)

El trabajo fue financiado por IWGIA, BfW Alemania y Miserior (Alemania). A su vez, el proyecto incorpora información demográfica generada a través de otro proyecto, llevada a cabo por el INAI.

Esta es una experiencia concreta de delimitación de la ocupación actual de un territorio. Consideramos que este trabajo plantea una clara metodología a seguir para establecer el territorio sobre la base de la economía de subsistencia. Para pueblos con diferentes economías se puede utilizar la misma metodología de relevamiento pero deberá ser adaptada a los diferentes modos de vida y subsistencia

(Ver en apéndice)

4. METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION

El INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) a través de Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas es el encargado de la instrumentación del reconocimiento constitucional de los territorios de las comunidades de los Pueblos Indígenas que habitan en Argentina.

La implementación del Programa de Relevamiento territorial se realizará a través de un ‘Equipo de Coordinación del Programa’ dependiente de la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. y con los Equipos Técnicos Operativos de cada Provincia.


4.1. Equipos y Roles

El Equipo Técnico Operativo (ETO) deberá articular a través de una Unidad Provincial (UP) con el Consejo de Participación Indígena (CPI) y el Representante del Gobierno Provincial.


El INAI evaluará excepciones fundamentadas a la metodología de implementación señalada, de acuerdo a las realidades provinciales y atentas las facultades establecidas en el Art. 3º de la Ley 26.160.

4.1.1. El Equipo de Coordinación del Programa —INAI—


Este equipo dependerá de la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. del INAI

Coordinación General

• Coordinador/a general del programa. Encargad@ de la implementación del programa, de articular en conjunto con la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. las distintas etapas del programa. Articulará y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.

Asesoría Legal

• Abogad@s, encargados puntualmente de todas las consultas relacionadas con el Programa y en articulación permanente con la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I.

Monitoreo y Secretaría

• Técnic@s encargadas de Monitorear el programa

o Con un perfil netamente social y capacidad de comprensión e integración a los objetivos del Programa

o Serán las personas que deberán ir actualizando la información de las distintas regiones

• Encargad@ de la secretaría del programa (administrativ@).

Georeferenciamiento

o Técnic@s encargad@s de establecer los procedimientos de georeferenciamiento y de utilización de GPS. Procedimientos de mapeo y pautas de relevamiento catastral. Capacitación en uso de GPS.

o Técnic@s GIS para generación de Banco de datos de la información recibida y el volcado de toda la información georeferenciada.

Administración

• Técnic@s contables (Area de Administración)

Pasantes o figura equivalente

• de Universidades u otros Organismos que pueden colaborar con el Programa.

4.1.2. El rol de la Mesa Coordinadora del CPI

• Acompañar en la definición de los Parámetros para la confección del programa.

• Definir criterios para la distribución del Fondo especial.

• Determinar criterios y contenidos de difusión en el marco de la ley 26.160 y la 25.607.

• Junto al INAI participará en una evaluación continua del programa integral.

• A solicitud del CPI Provincial intervendrá en las unidades provinciales con serios inconvenientes en la implementación del programa.

• junto con el INAI buscará mecanismos de intervención en aquellos Pueblos que aún no posean Comunidades registradas.

4.1.3. El rol del CPI a nivel Provincia

• Participar en la evaluación técnica del plan presentado por el ETO

• Proponer ante el INAI al Equipo Técnico Operativo ETO

• Proponer a los técnicos de confianza ante el ETO

• Articular con los miembros de la UP

• Designar junto a las Comunidades técnicos y/o encuestadores de los diferentes relevamientos.

• Articular con el ETO la difusión de la implementación ley 26.160 en las Comunidades

• Contralor de la ETO

• Monitorear, evaluar informes de avance y eventualmente sugerirá rescisión del convenio ante grave incumplimiento del ETO.

4.1.4. El rol de las Comunidades

• Participación activa en las encuestas y relevamiento de la organización comunitaria

• Participación activa en el relevamiento territorial en sus distintas etapas

4.1.5. El rol del Representante del gobierno Provincial

• Es designado por el Poder Ejecutivo provincial

• Articulará el ETO con organismos provinciales (catastro, Institutos, etc.)

• Optimizará el uso de los recursos provinciales aplicados al relevamiento territorio

• Promoverá la incorporación del relevamiento territorial en las políticas públicas provinciales

• Facilitará la participación de los representantes del CPI en las acciones que requieran el relevamiento provinciales

• Acompañará las acciones que fueren menester para la regularización dominial de las tierras objeto de este relevamiento

• Pondrá a disposición de la UP toda la información y registros provinciales útiles a la correcta ejecución del programa

4.1.6. El rol del ETO.

• Ejecutar y Administrar el programa en tiempo, plazos y condiciones de acuerdo al convenio.

• Transmitir y actualizar todo avance e información del relevamiento territorial al banco de datos del INAI en los tiempos convenidos.

• Remitir continuamente al INAI toda la información de GPS para la confección y actualización permanente de la cartografía

• Articular con Representante del Gobierno Provincial y con CPI

• Informar a la UNIDAD PROVINCIAL

• Articular con el INAI

4.1.6.a. Definición del Equipo Técnico Operativo —ETO—

El Equipo Técnico Operativo —ETO— es el Organismo Administrador y Ejecutor del Programa en cada Provincia. Es creado a los efectos de la implementación del Programa.

Para seleccionar al Equipo Técnico Operativo —ETO— se consultará a los Representantes del CPI por Provincias; A ellos se les solicitará que presenten diferentes propuestas para ser evaluadas.

Se seleccionará un Equipo Técnico Operativo —ETO— por provincia


4.1.6.b. el Equipo Técnico Operativo —ETO—.

Formularán un Programa Provincial de Relevamiento Territorial sobre la base del ‘pliego de condiciones’ con los requisitos mínimos exigidos. Dichos requisitos se presentan en el Anexo I.

4.2. Programa Provincial:

El Programa Provincial deberá contener:

1. La Actualización de la Información acerca de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas registradas en la República Argentina

i. Banco de datos ReNaCI _ actualización por parte del INAI

ii. Banco de datos Provinciales _ actualización por parte de la ETO

2. Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: Difusión de Ley, Asambleas y Capacitación en la implementación de la Ley 26.160 y en el relevamiento comunitario.


i. Folletos

ii. Cartillas

iii. Publicidad

3. Relevamiento social de la organización comunitaria

4. Relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario

Ejemplo de fichas de sistematización de la información:



5. Relevamiento socio-productivo y de recursos naturales.

6. Verificar mediante relevamiento —con participación de las comunidades— la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados; Respetando las modalidades comunitarias de uso de las tierras y sus prácticas económicas. Modalidad

iv. rural y

v. urbana

Actualización de la información a través de

1. publicaciones

2. Documentos archivos

3. catastros

4. institutos tierras

5. Censos

6. libros escuelas

7. libros iglesias

8. Tradición oral

(Se deberá siempre explicitar la fuente)

DIAGNOSTICO

Situación de las Tierras de Comunidades Indígenas a nivel provincial

i. Modalidades de Delimitación de territorios por Pueblo

ii. Mapas esquemáticos y medición GPS por las propias comunidades

7. Realizar la mensura de las comunidades y asentamientos y/o núcleos urbanos de las provincias.

7.a Amojonamiento

7.b. Formulación de bases y condiciones para la mensura

7.c. Adjudicación y contratación mensuras

7.d. ejecución trabajos

7.e. aprobación planos

8. Elaboración de informes de avance parciales bimensuales y anuales

9. Evaluación de herramientas de Regularización Dominial

10. Ejecución de Programas de Regularización Dominial Pertinente.



Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Director:
Dr. Antonio Dell’Elce
Dra. Natalia Vázquez
Lic. María José Chena
Emiliano De Lorenzo
Lic. María Mercedes Liébana
Dra. Ana Miriam Olivera
Martín Andrade
Dra. María Georgina González Frea
Area Informática
Banco de Datos
Lic. Herberto Oscar COSTA


El Presente informe está redactado principalmente sobre la base información y bancos de datos generados por las distintas personas que desarrollan su trabajo en distintas áreas del INAI, y que aportaron además su experiencia de años de trabajo.


Se utilizó también como base las importantes experiencias de relevamiento territorial llevadas a cabo en:


• Neuquén por la UNC-APDH Defensa y Reinvocación de Tierras indígenas. 1996


• Salta:


o LHAKA HONHAT.(asesoría técnica ASOCIANA). Estudio cartográfico de la ocupación y uso de tierras entre las comunidades Indígenas en los lotes fiscales 14 y 55, Provincia de Salta;

o Base de Datos de los Pueblos Indígenas del Chaco Salteño INAI - ASOCIANA. 2002; y la de


• Jujuy, el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras a la Población Aborigen de la Provincia de Jujuy PRATPAJ.

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Nuevas trabas para el inicio del Relevamiento Territorial en Neuquén - 16-05-2013


  



Los acuerdos entre el gobierno nacional y el provincial son la principal causa para que no se aplique la Ley Nacional 26.160 y se sigan desconociendo los territorios mapuches

 El Gobierno de Neuquén hace seis años que se niega a aplicar la Ley 26.160, que ordena relevar los territorios indígenas. La norma está vigente desde 2006, pero el gobierno provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) demoran el relevamiento de las comunidades mapuches de Neuquén. La última muestra, la reunión del martes 14 de mayo, en la que el Gobierno impuso los técnicos y que finalizó con el rechazo de las autoridades mapuches.

En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial indígena, ordenó suspender los desalojos de las comunidades e instó a realizar un relevamiento catastral en todas las provincias (puso al frente de la realización al INAI). La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fuera prorrogada hasta 2013.

El 15 por ciento de la población de Neuquén se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. Es una de las provincias con mayor población, y organización indígena.

Pero recién en 2012 se firmó en Neuquén el convenio para la ejecución de la Ley 26.160. El gobierno provincial y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se negaban a dar participación a las comunidades indígenas.

El primer intento de ejecución del relevamiento en Neuquén se frustró en 2009 cuando el INAI dio de baja el Convenio Marco firmado con la Universidad Nacional del Comahue. La cancelación se debió al a un acuerdo entre el gobierno neuquino y Nacional.

Y el relevamiento aún no comenzó. Y parece que no comenzará.

El martes pasado se reunieron autoridades mapuches, funcionarios del gobierno de Neuquén y del INAI. Primera sorpresa: en lugar de consensuar acciones, los funcionarios se dispusieron a sólo “informar” lo que “debía hacerse”. Segunda sorpresa: Gobierno e INAI pretenden dejar fuera del relevamiento inicial a las comunidades que enfrentan conflictos.
Este punto fue el que provocó las mayores críticas de las comunidades. Entienden que las comunidades con conflictos territoriales deben ser las primeras en ser relevadas y comprendidas en la Ley 26.160.

Tercer punto: de los 20 técnicos que serán parte del equipo de relevamiento, Provincia e INAI impusieron a 17, incluso a abogados con nula experiencia en derecho indígena, que no han acompañado a comunidades mapuches ni conocen la realidad de los conflictos territoriales.
“Nos vamos muy descontentos porque vemos que no hay voluntad política del gobierno provincial en agilizar este tema. A pesar de que lleva seis años de vigencia la norma para realizar el censo, Neuquén es la única provincia que no ha logrado que esta ley se ponga en ejecución. Hay que frenar desalojos y causas judiciales y por eso las comunidades (con conflictos) deben estar en el censo ahora”, denunció Rolando Quilaleo[1], representante zonal de Huiliche en la Comisión Interjurisdiccional, al diario Río Negro.

Tanto los representantes Consejo de Participación Indígena (CPI) como los mapuches designados para el equipo técnico operativo (uno por cada zonal) salieron de la reunión indignados pero con una fuerte unidad de acción frente a las maniobras de ambos gobiernos. Sostuvieron que los puntos problemáticos son porque tanto el INAI como la Provincia no quieren respetar el espíritu de la Ley para resolver conflictos territoriales ni garantizar la participación indígena que está establecida en la reglamentación.

El Informe 2013 del ODHPI, publicado el mes pasado, detalla que 347 miembros del Pueblos Mapuche enfrentaron (y enfrentan) procesos judicial desde 2005 hasta 2012. “Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos (…). El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”, resume el informe.

ODHPI

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Extraído de: http://www.opsur.org.ar/blog/2013/05/16/nuevas-trabas-para-el-inicio-del-relevamiento-territorial-en-neuquen/
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Carta Abierta a la Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández


CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak
 

Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández

Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

Viernes 18 de enero de 2013

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente. 


Entre ellos, pueden citarse los casos de: 


* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa. 


* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía. 


* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011. 


* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.


* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda. 


* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013. 


* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013. 


También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; 


su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; 

Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; 

en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa. 

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años. 


A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. 


Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh. 

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.
 

 Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar,

 evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios. 

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, 


nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos. 

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. 


Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, 

y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos 

(por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. 


Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar. 

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: 


Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. 

Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. 

Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. 

Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes. 

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. 


Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad. 

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. 


Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. 

Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. 

En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores. 

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. 


Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. 

La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. 

Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. 

Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor. 

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. 


Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. 

Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, 

las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente. 

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente. 


También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, 


como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; 

y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; 

Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; 

y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos). 

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. 


Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, 

así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. 

Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. 

Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. 

Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, 

o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas 

y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, 

queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña. 

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, 


reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para: 

• Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; 


incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica 

y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. 

La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, 

cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días. 

• Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, 


dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. 

y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. 

Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, 

a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. 

El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT,

 entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social. 

• Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, 


en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, 

pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida. 

• Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. 


Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, 

en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.

La saludamos respetuosamente,

1) Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


2) Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza. 


3) Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


4) Lorena Cardin, DNI 22.110.057, antropóloga, Universidad de Buenos Aires. 


5) Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


6) Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


7) Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


8) Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires. 


9) Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá. 


10) Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


11) Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


12) Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires. 


13) Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires. 


14) Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja. 


15) Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires. 


16) Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 


17) Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa. 


18) Luciano D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.


19) Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires. 


20) Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza. 


21) Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro. 


22) Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro. 


23) Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires. 


24) José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut. 


25) María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires. 


26) Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 


27) Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires. 


28) Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro. 


29) Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo. 


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Extraído de: http://argentina.indymedia.org/news/2013/01/829894.php
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sábado, 1 de junio de 2013

Teoría de la Comunicación Humana - Axiomas de Watzlawick


 Según Watzlawick, existen cinco axiomas en su teoría de la comunicación humana.

Se consideran axiomas porque su cumplimiento es indefectible; en otros términos, reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana, que nunca se hallan ausentes. 

En otras palabras: el cumplimiento de estos axiomas no puede, por lógica, no verificarse.
  • Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento («no comportamiento» o «anticomportamiento»), tampoco existe «no comunicación».
  • Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, una metacomunicación: Esto significa que toda comunicación tiene, además del significado de las palabras, más información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y que le entiendan, así como, cómo la persona receptora va a entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación con el receptor de la información. Por ejemplo, el comunicador dice: «Cuídate mucho». El nivel de contenido en este caso podría ser evitar que pase algo malo y el nivel de relación sería de amistad-paternalista.
  • La naturaleza de una relación depende de la gradación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos: tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio comportamiento como mera reacción ante el del otro. Cada uno cree que la conducta del otro es «la» causa de su propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, o modulación) del intercambio. Un ejemplo es el conflicto entre Israel y Palestina, donde cada parte actúa aseverando que no hace más que defenderse ante los ataques de la otra.
  • La comunicación humana implica dos modalidades: la digital y la analógica: la comunicación no implica simplemente las palabras habladas (comunicación digital: lo que se dice); también es importante la comunicación no verbal (o comunicación analógica: cómo se dice).
  • Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios: dependiendo de si la relación de las personas comunicantes está basada en intercambios igualitarios, es decir, tienden a igualar su conducta recíproca (p. ej.: el grupo A critica fuertemente al grupo B, el grupo B critica fuertemente al grupo A); o si está basada en intercambios aditivos, es decir, donde uno y otro se complementan, produciendo un acoplamiento recíproco de la relación (p. ej.: A se comporta de manera dominante, B se atiene a este comportamiento). Una relación complementaria es la que presenta un tipo de autoridad (padre-hijo, profesor-alumno) y la simétrica es la que se presenta en seres de iguales condiciones (hermanos, amigos, amantes, etc.)
   
Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan, cuando:
  • Estos se comunican en un código distinto.
  • El código en el que transmite el mensaje ha sido alterado dentro del canal.
  • Existe una falsa interpretación de la situación.
  • Se confunde el nivel de relación por el nivel de contenido.
  • Existe una puntuación.
  • La comunicación digital no concuerda con la comunicación analógica.
  • Se espera un intercambio comunicacional complementario y se recibe uno paralelo (o bien simétrico).

La comunicación entre individuos es buena cuando:
  • El código del mensaje es correcto.
  • Se evitan alteraciones en el código dentro del canal.
  • Se toma en cuenta la situación del receptor.
  • Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación.
  • La puntuación está bien definida.
  • La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica.
  • El comunicador tiene su receptor.
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Bibliografía del autor

Paul Watzlawick es autor de 18 libros (traducidos a 85 idiomas) y colabora en más de 150. Algunos de ellos son:
  • Cambio (con John Weakland y Richard Fisch), 1976
  • ¿Es real la realidad?, 1979
  • El Lenguaje del cambio, 1980
  • Teoría [Pragmática] de la comunicación humana (con Janet Beavin y Don Jackson), 1981
  • El arte de amargarse la vida. Barcelona: Herder, 1989.
  • El arte del cambio (con Giorgio Nardone), 1990
  • La construcción del universo (con R. Ceberio), 1998
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Extraído de: http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick ______________________________________________________________________
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“No podemos ser casos sociales” - Reportaje a Oscar Talero, referente qom en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina

http://www.elciudadanoweb.com/wp-content/uploads/2013/05/pumitas.jpg
Oscar Talero, referente qom en la ciudad, habla sobre los reiterados hechos de violencia contra su comunidad en Formosa y Chaco, los intentos de dividirla en Rosario y cuenta su lucha para que las nuevas generaciones sean independientes.

El horcón es un madero vertical que sirve para sostener vigas en las casas rústicas, como las de los tobas, sirve de base o cimiento y en lengua qom se denomina qadhuoqte, y es el nombre con el que integrantes de la comunidad en Rosario denominaron a su Centro Cultural, a punto de cumplir 10 años. 

Ubicado en la esquina de Cabal y pasaje San José, del barrio Los Pumitas, su responsable, Oscar Talero, atiende a los vecinos del barrio Toba que necesitan hacer trámites en la Ansés, o coordina horarios para capacitar en albañilería, o apoyo escolar para los niños que asisten a la escuela bilingüe Rosa Ziperovich del barrio Toba ubicado entre el arroyo Ludueña, Olivé, Mariano Cabal y Olavaria, en el corazón de Empalme Graneros.
 
Talero, de 46 años, nació en el Paraje El Colchón y llegó a Rosario en 1986; 

habla con pausa y firmeza; mira a los ojos y en su relato hay indignación por los casos de violencia hacia la comunidad qom de los últimos tiempos, con muertos en las provincias de Chaco y Formosa. 

Su sobrino, Iber Flores, de sólo 12 años, murió víctima de los golpes recibidos a la salida de un festival en la localidad chaqueña de Villa Río Bermejito.
 
—¿A qué atribuye los casos de intimidación hacia la comunidad qom?
 
—Estas cosas pasan para que no ejerzamos nuestros derechos, para que nadie haga nada contra los que manejan a su antojo su comunidad. 

La gente tiene una idea de los pueblos originarios como incapaces y trato de demostrar lo contrario. 

Nos ven callados, tímidos y creen que por eso la gente es sumisa y el tema pasa por tener oportunidades, como cualquier persona. 

Hay un proceso muy complicado, en Chaco, por ejemplo, hubo un tiempo muy difícil, y si bien hay mucho por mejorar hoy se está mejor. Incluso no está viniendo gente a Rosario como antes; es más, hay ancianos y algunas familias que se han vuelto. 

La lectura que hacemos es que la puja de poder tiene que ver con todo lo que nos pasa. 

En Villa Bermejito, al intendente Lorenzo Heffner, nefasto, discriminador, no le importan los pobres. Es un pequeño Hitler, maneja todo, la Policía y la Justicia les responden. Y opera con una patota. El acusado de matar a mi sobrino es hijo de un puntero político, el abogado que lo defiende es hijo del secretario de Gobierno… 

Mi sobrino, Iber Flores, de 12 años, fue a una fiesta que el municipio de Bermejito realiza todos los años para dar comienzo al verano y parece que este tipo que lo golpeó, de unos 30 años, estaba allí, eligiendo a ver a quién iba a matar; es una persona con protección. 

Lo golpearon entre varios, era hijo de mi hermana. Estuve con mi familia allá, acompañándola. Resulta que en el predio había 1.500 efectivos y nadie vio nada. Amiguitos de mi sobrino no se animan a dar testimonio por temor. Los medios hablaron de una pelea. En Formosa pasa lo mismo, nos dividen. 

Nunca habían matado a un pibe. Antes habían matado a un chico qom de 25 años, de apellido Galván, al que tiraron al río atado de pies y manos. En los medios salió como que se había caído al agua y lo comieron las palometas. 

Por eso decimos que nos organizamos por la igualdad de oportunidades, la capacidad que tenemos está al servicio de la comunidad. 

Acá vienen muchos estudiantes de las universidades y creen que somos bichos raros. 

Nosotros no somos los bárbaros, la nueva generación de profesionales tiene que saber que este suelo es multicultural, que tiene que haber lugar para todos.
 
 —¿En Rosario hay casos como en Chaco y Formosa contra los qom?
 
 —Somos producto de la discriminación y el maltrato, por eso somos callados, ésa es la secuela que tenemos que superar y se ve que hay gente que no quiere que nos superemos. 

En Rosario también pasa que nos quieren dividir. 

El desafío que tengo desde este centro para las nuevas generaciones es que empiecen a ejercer sus derechos, no podemos ser casos sociales todo el tiempo. 

Tenemos nuestra dignidad, no podemos esperar que venga alguien a solucionar nuestros problemas, somos nosotros los que tenemos que formarnos, educarnos y desarrollarnos. Tenemos nuestra cultura, nuestra lengua. 

Desde hace un tiempo que nos quieren arreglar con un plan social, y tratamos de interpretar que hay un Estado que hace cosas buenas y cosas malas, no queremos estar en medio de una puja de poder.
 
—¿Qué actividad desarrollan en el centro?
 
—Hace diez años nos juntábamos y trabajábamos con mucho esfuerzo con el objetivo de que la comunidad tuviera una manera de expresarse. 

Nos inscribimos en el Registro Nacional de Comunidad Indígena, siempre apostamos a la integración de los pueblos originarios, en ese momento había una necesidad muy grande de juntarnos, no había referencia, cada vez que pasaba algo no sabíamos a quién recurrir, nadie quería hacerse responsable. 

Hoy hacemos apoyo escolar a los niños, tenemos talleres de informática, fotografía, cursos para adultos, contamos con una biblioteca, trabajamos en la capacitación de muchos cartoneros que hoy son albañiles y manejan muy bien el oficio. 

Ayudamos a que la gente pueda hacer los trámites en la Ansés, fortalecimiento cultural, entrenamiento laboral. 

Recuerdo cuando comencé como alfabetizador, porque había mucha gente grande que no sabía escribir y algunos ancianos de la comunidad no querían morirse sin saber escribir su nombre. 

Ver que un anciano podía escribir su nombre, gracias al trabajo que hicimos, me cambió la vida para siempre.

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Nota de Santiago Baraldi en El Ciudadano Web - http://www.elciudadanoweb.com/?p=378256
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Juventudes de Izquierda: Hora de avanzar, hora de asaltar el poder - Carlos Manuel Cadenas Mendoza


Reunido con jóvenes de la izquierda reflexioné en voz alta y dije:

Este proceso SOCIAL:


- Necesita su fuerza, la fuerza y el impulso joven, con todo el arrojo de la gente que tiene que ganarle la batalla a los restauradores y a los quinta columnas que se enquistan en los procesos sociales para minar su ímpetu, para desmoralizarlos y postrarlos ante la vieja ramera de la contra-revolución.

- Necesita a los jóvenes no como genuflexos que se babean por las migajas del poder, ni que se dejan deslumbrar por el manido discurso de los asaltantes del porvenir, no necesita una juventud que se arrodille ante los santones del sistema, sean del signo que sean. Se necesita una juventud imbuida en el eterno renacimiento que son las revoluciones.

- Necesita una juventud que no corra tras las dádivas que los ancianos de la tribu dan a los infantes de pensamiento, que no se deje seducir por las cápsulas tontas con las que los dirigentes sin ideas elaboran slogans caza bobos, ni por esas barrabasadas amarra clientes que son los contructos publicitarios sin sentido con los que envilecen a los jóvenes y hacen banal su participación social. Se necesita una juventud plenamente despierta y cuestionadora, que no de tregua a los eternos naufragios y a sus capitanes de la derrota, con los que el poder y sus dueños han intentado mantener a los pueblos en el sótano de la historia. Necesitamos jóvenes cuyo destino sea el de las revoluciones y al de los revolucionarios.


La juventud es irreverente o no es joven, una juventud conservadora es un salto al vacío, una mutación que conduce a la muerte de la esperanza.


La juventud está llamada a pasar por encima de los conservadores, no como acción de mera sustitución generacional, a pasar por encima de todas las acciones conservadoras como acto amoroso de preservar la vida para los pueblos humanos, amén de hacer del porvenir una posibilidad viable para el colectivo terrícola.


La juventud debe de comprender que la disciplina no es al acatamiento ciego de los intereses y líneas de la dirigencia, debe ser acción y compromiso desde la consciencia, en consecuencia, reflexión discusión y participación en la toma de decisiones. Convencimiento por compartir y no actuación por obligación.


Una revolución donde los jóvenes sean de ideas viejas, o repitan fórmulas dogmáticas y sectarias, se condena a desaparecer obsoleta y triste, pues se asegura la derrota por hastío fatigante, dado que no hay posibilidad de inyectar movimiento, contradicciones, confrontaciones, que en suma construyen el cuerpo efervescente de los tiempos de revolución.


La trampa del burócrata contra-revolucionario es descalificar al joven para imponerse y atarse al poder, descalifican la acción crítica con la estúpida verborrea que hace ver a la crítica como celada del “enemigo” o como izquierdismo e infantilismo, no en pocos casos, señalan a la crítica como “infiltrada” y a sus sostenedores como “agentes del imperio”. En el fondo subyace el sicario cobarde que comercia con la política, que se corrompe a la vera del camino que dice sostener. Contra estas camarillas de enfermos de poder no cabe otra actuación que la rebeldía insumisa y constructora.


Los viejos dirigentes -de cualquier edad, pues veo persona de 18 años con ideas jubilables y ancianos con ideas recién nacidas- sus acciones restauradores del poder clasista de los amos, son y están como una espina letal corrompiendo el porvenir. Son ustedes jóvenes los llamados a ajustar cuentas con la reacción y sus sátrapas. Es de ustedes la vanguardia, tómenla o se condenan a siglos de silencio.



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Extraído del muro de Carlos Manuel Cadenas Mendoza en Facebook
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