Las Fuerzas Armadas - Octava carta a mis amigos - Silo

Estimados amigos: De acuerdo a lo anunciado en carta anterior, tocaré en la presente algunos puntos referidos a los ejércitos. 

Por supuesto que el interés de este escrito estará centrado en la relación entre las fuerzas armadas, el poder político y la sociedad. 

Tomaré como base el documento discutido hace tres meses en Moscú (bajo el título de La necesidad de una posición humanista en las fuerzas armadas contemporáneas -Conferencia internacional sobre Humanización de las actividades militares y reforma de las Fuerzas Armadas, patrocinada por el Ministerio de Defensa de la CEEII- Moscú, mayo 24/28 de 1993). 

Unicamente me apartaré de los conceptos vertidos en el documento original al tratar la posición militar en el proceso revolucionario, tema éste que me permitirá completar algunas ideas esbozadas con anterioridad.

 
1. Necesidad de una re-definición del rol de las fuerzas armadas
 
Las fuerzas armadas están hoy tratando de definir su nuevo rol. 

Esta situación comenzó luego de las iniciativas de desarme proporcional y progresivo emprendidas por la Unión Soviética a fines de la década del ‘80. 

La disminución de la tensión que existió entre las superpotencias provocó un giro en el concepto de defensa en los países más importantes. 

Sin embargo, la sustitución gradual de los bloques político-militares (particularmente del Pacto de Varsovia), por un sistema de relaciones relativamente cooperativas ha activado fuerzas centrífugas que arrastran a nuevos choques en distintos puntos del planeta. 

Ciertamente, en pleno período de la Guerra Fría los conflictos en áreas restringidas eran frecuentes y a menudo prolongados, pero el carácter actual de éstos ha cambiado de signo amenazando con extenderse en los Balcanes, en el mundo musulmán y en varias zonas de Asia y Africa.
 
El reclamo limítrofe que antaño preocupaba a fuerzas armadas contiguas hoy toma otra dirección dada la tendencia a la secesión en el interior de algunos países. 

Las disparidades económicas, étnicas y lingüísticas, tienden a modificar fronteras que se suponían inalterables al tiempo que ocurren migraciones en gran escala. 

Se trata de grupos humanos que se movilizan para huir de situaciones desesperadas o para contener o expulsar de áreas definidas a otros grupos humanos. 

Estos y otros fenómenos muestran cambios profundos particularmente en la estructura y en la concepción del Estado. 

Por una parte, asistimos a un proceso de regionalización económica y política; por otra, observamos la discordia creciente en el interior de países que marchan hacia esa regionalización. 

Es como si el Estado nacional, diseñado hace doscientos años, no aguantara ya los golpes que le propinan por arriba las fuerzas multinacionales y por abajo las fuerzas de la secesión. 

Cada vez más dependiente, cada vez más atado a la economía regional y cada vez más comprometido en la guerra comercial contra otras regiones, el Estado sufre una crisis sin precedentes en el control de la situación. 

Sus cartas fundamentales son modificadas para dar lugar al desplazamiento de capitales y recursos financieros, sus códigos y leyes civiles y comerciales quedan obsoletos. 

Hasta la tipificación penal varía cuando hoy puede ser secuestrado un ciudadano cuyo delito será juzgado en otro país, por magistrados de otra nacionalidad y sobre la base de leyes extranjeras. 

Así, el viejo concepto de soberanía nacional queda sensiblemente disminuido. 

Todo el aparato jurídico-político del Estado, sus instituciones y el personal afectado a su servicio inmediato o mediato, sufren los efectos de esa crisis general. 

Esa es también la situación por la que atraviesan las fuerzas armadas a las que en su momento se les dio el rol de sostenedoras de la soberanía y de la seguridad general. 

Privatizada la educación, la salud, las comunicaciones, las reservas naturales y hasta importantes áreas de la seguridad ciudadana; privatizados los bienes y servicios, disminuye la importancia del Estado tradicional. 

Es coherente pensar que si la administración y los recursos de un país salen del área de control público, la Justicia seguirá el mismo proceso y se asignará a las fuerzas armadas el rol de milicia privada destinada a la defensa de intereses económicos vernáculos o multinacionales. 

Tales tendencias se han ido acrecentando últimamente en el interior de los países.
 

2. Permanencia de factores agresivos en la etapa de distensión
 
Aún no ha desaparecido la agresividad de potencias que, en su momento, dieron por concluida la Guerra Fría. 

Actualmente existen violaciones de espacios aéreos y marítimos, aproximaciones imprudentes a territorios lejanos, incursiones e instalación de bases, afianzamientos de pactos militares, guerras y ocupación de territorios extranjeros por el control de vías de navegación o posesión de fuentes de recursos naturales. 

Los antecedentes sentados por las guerras de Corea, Vietnam, Laos y Camboya; por las crisis de Suez, Berlín y Cuba; por las incursiones en Grenada, Trípoli y Panamá han mostrado al mundo la desproporción de la acción bélica tantas veces aplicada sobre países indefensos y pesan a la hora de hablar de desarme. 

Estos hechos adquieren singular gravedad porque, en casos como el de la Guerra del Golfo, se realizan en los flancos de países de gran importancia que podrían interpretar a tales maniobras como lesivas para su seguridad. 

Semejantes excesos están logrando efectos residuales nocivos al fortalecer el frente interno de sectores que juzgan a sus gobiernos como incompetentes para frenar aquellos avances. 

Esto, desde luego, puede llegar a comprometer el clima de paz internacional tan necesario en el momento actual.
 

3. Seguridad interior y reestructuración militar
 
En lo que hace a la seguridad interior es necesario citar dos problemas que parecen perfilarse en el horizonte de los acontecimientos inmediatos: las explosiones sociales y el terrorismo.
 
Si es que la desocupación y la recesión tienden a crecer en los países industrializados, es posible que éstos sean escenario de convulsiones o desbordes invirtiéndose, en alguna medida, el cuadro que se presentaba en décadas anteriores en las que el conflicto se desarrollaba en las periferias de un centro que seguía creciendo sin sobresalto. 

Acontecimientos como los ocurridos en Los Angeles el año pasado, podrían extenderse más allá de una ciudad e inclusive hacia otros países. 

Por último, el fenómeno del terrorismo se avizora como peligro de proporciones dado el poder de fuego con que hoy pueden contar individuos y grupos relativamente especializados. 

Esta amenaza que llegaría a expresarse por medio del artefacto nuclear, o de explosivos deflagrantes y moleculares de alto poder, toca también a otras áreas como la de las armas químicas y bacteriológicas de reducido costo y fácil producción.
 
Son pues muchas y numerosas las preocupaciones de las fuerzas armadas dado el panorama inestable del mundo de hoy. 

Por otra parte, y además de los problemas estratégicos y políticos que éstas deben considerar, están los temas internos de reestructuración, de licenciamiento de importantes contingentes de tropas, del modo de reclutamiento y capacitación, de renovación de material, de modernización tecnológica y, primariamente, de recursos económicos. 

Pero si bien deben comprenderse a fondo los problemas de contexto que hemos mencionado, se ha de agregar que ninguno de ellos podrá ser resuelto cabalmente sino queda en claro con qué función primaria deben cumplir los ejércitos. 

Después de todo, es el poder político el que da su orientación a las fuerzas armadas y son éstas las que actúan en base a esa orientación.
 

4. Revisión de los conceptos de soberanía y seguridad
 
En la concepción tradicional se ha dado a las fuerzas armadas la función de resguardar la soberanía y seguridad de los países, disponiendo del uso de la fuerza de acuerdo al mandato de los poderes constituidos. 

De este modo, el monopolio de la violencia que corresponde al Estado se transfiere a los cuerpos militares. 

Pero he aquí un primer punto de discusión respecto a qué debe entenderse por “soberanía” y qué por “seguridad”. 

Si éstas, o más modernamente el “progreso” de un país, requieren fuentes de aprovisionamiento extra-territoriales, navegabilidad marítima indiscutible para proteger el desplazamiento de mercaderías, control de puntos estratégicos con el mismo fin y ocupación de territorios ajenos, estamos ante la teoría y la práctica colonial o neo-colonial. 

En el colonialismo la función de los ejércitos consistió en abrir paso primeramente a los intereses de las coronas de la época y luego a las compañías privadas que lograron especiales concesiones del poder político a cambio de réditos convenientes. 

La ilegalidad de ese sistema fue justificada mediante la supuesta barbarie de los pueblos ocupados, incapaces de darse una administración adecuada. 

La ideología correspondiente a esta etapa consagró al colonialismo como el sistema “civilizador” por excelencia.
 
En épocas del imperialismo napoleónico la función del ejército, que por otra parte ocupaba el poder político, consistió en expandir fronteras con el objetivo declamado de redimir a los pueblos oprimidos por las tiranías merced a la acción bélica y la instauración de un sistema administrativo y jurídico que consagró en sus códigos a la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. 

La ideología correspondiente justificó la expansión imperial en base al criterio de “necesidad” de un poder constituido por la revolución democrática frente a monarquías ilegales basadas en la desigualdad que, además, hacían frente común para asfixiar a la Revolución.
 
Más recientemente, siguiendo las enseñanzas de Clausewitz, se ha entendido a la guerra como simple continuación de la política y al Estado, promotor de esa política, se lo ha considerado como el aparato de gobierno de una sociedad radicada en ciertos límites geográficos. 

Desde allí se ha llegado a definiciones, caras a los geopolíticos, en las que las fronteras aparecen como “la piel del Estado”. 

En tal concepción organológica, esta “piel” se contrae o se expande de acuerdo al tono vital de los países y así debe ampliarse con el desarrollo de una comunidad que reclama “espacio vital” dada su concentración demográfica o económica. 

Desde esta perspectiva, la función del ejército es la de ganar espacio conforme lo reclama esa política de seguridad y soberanía que es primaria respecto a las necesidades de otros países limítrofes. 

Aquí la ideología dominante proclama la desigualdad en las necesidades que experimentan las colectividades de acuerdo a sus características vitales. 

Esta visión zoológica de la lucha por la supervivencia del más apto, rememora las concepciones del darwinismo trasladadas ilegítimamente a la práctica política y militar.
 

5. La legalidad y los límites del poder vigente
 
Contemporáneamente flota en el aire mucho de las tres concepciones que hemos usado para ejemplificar cómo los ejércitos responden al poder político y se encuadran según los dictámenes que, ocasionalmente, éste entiende por seguridad y soberanía. 

De manera que si la función del ejército es la de servir al Estado en lo que hace a seguridad y soberanía, y la concepción sobre estos dos temas varía de gobierno en gobierno, la fuerza armada tendrá que atenerse a ello. 

¿Admite esto algún límite o excepción? Claramente se observan dos excepciones: 

1. aquélla en la que el poder político se ha constituido ilegítimamente y se han agotado los recursos civiles para cambiar esa situación de anormalidad y 

2. aquélla en la que el poder político se ha constituido legalmente pero en su ejercicio se convierte en ilegal, habiéndose agotado los recursos civiles para cambiar la situación anómala. 

En ambos casos, las fuerzas armadas tienen el deber de restablecer la legalidad interrumpida, lo que equivale a continuar los actos que por vía civil no han podido concluirse. 

En estas situaciones, el ejército se debe a la legalidad y no al poder vigente. 

No se trata entonces, de propiciar un estado deliberativo del ejército sino de destacar la previa interrupción de la legalidad realizada por un poder vigente de origen delictual o que se ha convertido en delictual. 

La pregunta que debe hacerse es: ¿de dónde proviene la legalidad y cuáles son sus características? 

Respondemos que la legalidad proviene del pueblo que es quien se ha dado un tipo de Estado y un tipo de leyes fundamentales a las que deben someterse los ciudadanos. 

Y en el caso extremo en que el pueblo decidiera modificar ese tipo de Estado y ese tipo de leyes, a él incumbiría hacerlo no pudiendo existir una estructura estatal y un sistema legal por encima de aquella decisión. 

Este punto nos lleva a la consideración del hecho revolucionario que trataremos más adelante.
 

6. La responsabilidad militar frente al poder político
 
Ha de destacarse que los cuerpos militares deben estar formados por ciudadanos responsables de sus obligaciones con respecto a la legalidad del poder establecido. 

Si el poder establecido funciona sobre la base de una democracia en la que se respeta la voluntad mayoritaria por elección y renovación de los representantes populares, se respeta a las minorías en los términos consagrados por las leyes y se respeta la separación e independencia de poderes, entonces no es la fuerza armada quien tiene que deliberar acerca de los aciertos o errores de ese gobierno. 

Del mismo modo que en la implantación de un régimen ilegal, no puede la fuerza armada sostenerlo mecánicamente invocando una “obediencia debida” a ese régimen. 

Aún llegando al conflicto internacional, tampoco puede la fuerza armada practicar el genocidio siguiendo instrucciones de un poder afiebrado por la anormalidad de la situación. 

Porque si los derechos humanos no están por encima de cualquier otro derecho, no se entiende para qué existe organización social, ni Estado. 

Y nadie puede invocar “obediencia debida” cuando se trata del asesinato, la tortura y la degradación del ser humano. 

Si algo enseñaron los tribunales levantados luego de la Segunda Guerra Mundial fue que el hombre de armas tiene responsabilidades como ser humano, aún en la situación-límite del conflicto bélico.
 
A este punto podrá preguntarse: ¿no es el ejército una institución cuya preparación, disciplina y equipamiento lo convierte en factor primario de destrucción? 

Respondemos que así están montadas las cosas desde mucho tiempo antes de la situación actual y que, independientemente de la aversión que sentimos por toda forma de violencia, no podemos plantear la desaparición o el desarme unilateral de ejércitos creando vacíos que serían llenados por otras fuerzas agresivas, como hemos mencionado anteriormente al referirnos a los ataques realizados a países indefensos. 

Son las mismas fuerzas armadas las que tienen una importante misión que cumplir al no obstruir la filosofía y la práctica del desarme proporcional y progresivo, inspirando además a los camaradas de otros países en esa dirección y dejando en claro que la función castrense en el mundo de hoy es la de evitar catástrofes y servidumbres dictadas por gobiernos ilegales que no responden al mandato popular. 

 Entonces, el mayor servicio que las fuerzas armadas podrá aportar a sus países y a toda la humanidad será el de evitar que existan las guerras. 

Este planteamiento que pudiera parecer utópico está respaldado actualmente por la fuerza de los hechos que demuestran la poca practicidad y la peligrosidad para todos cuando aumenta el poder bélico global o unilateral.
 
Quisiera volver sobre el tema de la responsabilidad militar por medio de una ejemplificación inversa. 

Durante la época de la Guerra Fría se repetía en Occidente un doble mensaje: por una parte, la NATO y otros bloques se establecían para sostener un estilo de vida amenazado por el comunismo soviético y, ocasionalmente, chino. 

Por otra, se emprendían acciones militares en áreas distantes para proteger los “intereses” de las potencias. 

En América Latina, el golpe de Estado dado por los ejércitos de la zona, tenía preferencias por la amenaza de la subversión interior. 

Las fuerzas armadas allí, dejaban de responder al poder político y se alzaban contra todo derecho y contra toda Constitución. 

Prácticamente, un continente se encontraba militarizado respondiendo a la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”. 

La secuela de muerte y atraso que dejaron tras de sí aquellas dictaduras fue singularmente justificada a lo largo de la cadena de mandos con la idea de la “obediencia debida”. 

Mediante ella se explicó que en la disciplina castrense se siguen las órdenes de la jefatura inmediata. 

Este planteamiento, que hace recordar las justificaciones de los genocidas del nazismo, es un punto que debe ser considerado a la hora de discutir los límites de la disciplina castrense. 

Nuestro punto de vista respecto a este particular, como ya hemos comentado, es que si el ejército rompe la dependencia del poder político se constituye en una fuerza irregular, en una banda armada fuera de la ley. 

Este asunto es claro pero admite una excepción: el alzamiento militar contra un poder político establecido ilegalmente o que se ha puesto en situación facciosa. 

Las Fuerzas Armadas no pueden invocar “obediencia debida” a un poder ilegal porque se convierten en sostenedoras de esa irregularidad, así como en otras circunstancias tampoco pueden producir el golpe militar escapando a la función de cumplir con el mandato popular. 

Esto en lo que hace al orden interno y, en relación al hecho bélico internacional, no pueden atentar contra la población civil del país enemigo.
 

7. Reestructuración militar
 
En orden al reclutamiento de los ciudadanos, nuestro punto de vista es favorable a la sustitución del servicio militar obligatorio por el servicio militar optativo, sistema éste que permitirá una mayor capacitación del soldado profesional. 

Pero a esa limitación de tropas corresponderá también una reducción importante del personal de cuadros y del personal de jefatura. 

Y es claro que no se efectuará una reestructuración adecuada sin atender a los problemas personales, familiares y sociales que se habrá de acarrear en numerosos ejércitos que hoy mantienen un esquema sobredimensionado. 

El nuevo emplazamiento laboral, geográfico y de inserción social de esos contingentes será equilibrado si se mantiene una relación militar flexible durante el tiempo que demande la reubicación. 

En la reestructuración que hoy tiene lugar en distintas partes del mundo debe tenerse en cuenta primariamente el modelo de país en el que se efectúa. 

Naturalmente, un sistema unitario tiene características diferentes al de uno federativo o al de distintos países que están confluyendo en una comunidad regional. 

Nuestro punto de vista, favorable al sistema federativo y abierto a la confederación regional requiere, para el diseño correcto de la reestructuración, compromisos sólidos y permanentes que permitan continuidad en el proyecto.

Si no existe una voluntad clara de las partes en esta dirección, la reestructuración no será posible porque el aporte económico de cada integrante estará sometido a vaivenes políticos ocasionales. 

Siendo ese el caso, las tropas federales podrán existir solo formalmente y los contingentes militares serán la simple sumatoria del potencial de cada comunidad que forme parte de la federación. 

Esto traerá también problemas de mando unificado de difícil solución. 

En definitiva, será la orientación política la que tendrá que dar las pautas y, en tal situación, las fuerzas armadas particulares requerirán de una muy precisa y coordinada conducción.
 
Un problema de relativa importancia en la reestructuración es el referido a ciertos aspectos de los cuerpos de seguridad. 

Los cuerpos de seguridad, si no son militarizados, actúan en relación al orden interno y con referencia a la protección de los ciudadanos aunque, habitualmente, están involucrados en operaciones de control muy alejadas al fin para el que han sido creados. 

El organigrama en el que se inscriben, en muchos países, los hace depender directamente de las carteras políticas tales como el Ministerio del Interior, diferente al Ministerio de la Guerra o de Defensa. 

Por otra parte, las policías entendidas como servidoras de la ciudadanía y dispuestas para que se cumpla con un orden jurídico no lesivo para los habitantes de un país tienen un carácter accesorio y bajo jurisdicción del poder Judicial. 

Pero, a menudo, por su carácter de fuerza pública realizan operaciones que ante los ojos de la población las hace aparecer como fuerzas militares. 

Claramente se percibe la inconveniencia de tal confusión y es de interés de las fuerzas armadas que estas distinciones queden claras. 

Otro tanto ocurre con distintos organismos del Estado que manejan cuerpos secretos y de informaciones, imbricados y superpuestos, que tampoco tienen que ver con el régimen castrense. 

Los ejércitos requieren de un adecuado sistema de informaciones que les permita operar con eficiencia y que en nada se parece a mecanismos de control y seguimiento de la ciudadanía porque su función hace a la seguridad de la Nación y no al beneplácito o la reprobación ideológica del gobierno de turno.
 

8. La posición militar en el proceso revolucionario
 
Se supone que en una democracia el poder proviene de la soberanía popular. 

Tanto la conformación del Estado como la de los organismos que de él dependen derivan de la misma fuente. 

Así, el ejército cumple con la función que le otorga el Estado para defender la soberanía y dar seguridad a los habitantes de un país. 

Desde luego que pueden ocurrir aberraciones según sea el ejército o una facción los que ocupen ilegalmente el poder, de acuerdo a lo visto anteriormente. 

Pero, como también hemos mencionado, podría suceder el caso extremo en que el pueblo decidiera cambiar ese tipo de Estado y ese tipo de leyes es decir, ese tipo de sistema. 
 
Al pueblo incumbiría hacerlo no pudiendo existir una estructura estatal y un sistema legal por encima de aquella decisión. 

Sin duda que las cartas fundamentales de muchos países contemplan la posibilidad de que ellas mismas sean modificadas por decisión popular. 

De esta manera podría ocurrir un cambio revolucionario en el que la democracia formal dé paso a la democracia real. 

Pero si se obstruyera esta posibilidad se estaría negando el origen mismo de donde brota toda legalidad. 

En tal circunstancia, y habiéndose agotado todos los recursos civiles, es obligación del ejército cumplir con esa voluntad de cambio desplazando a una facción instalada, ya ilegalmente, en el manejo de la cosa pública. 

Se arribaría de ese modo, mediante la intervención militar, a la creación de condiciones revolucionarias en las que el pueblo pone en marcha un nuevo tipo de organización social y un nuevo régimen jurídico. 

No es necesario destacar las diferencias entre la intervención militar que tiene por objetivo devolver al pueblo su soberanía arrebatada, con el simple golpe militar que rompe la legalidad establecida por mandato popular. 

En orden a las mismas ideas, la legalidad exige que se respete la demanda del pueblo aún en el caso de que éste plantee cambios revolucionarios. 

¿Por qué las mayorías no habrían de expresar su deseo de cambio de estructuras y, aún, por qué no habrían de tener las minorías la oportunidad de trabajar políticamente para lograr una modificación revolucionaria de la sociedad? 

Negar por medio de la represión y la violencia la voluntad de cambio revolucionario compromete seriamente la legalidad del sistema de las actuales democracias formales.
 
Se habrá observado que no hemos rozado asuntos relativos a estrategia ni doctrina militar como tampoco a cuestiones de tecnología y organización castrense. No podría ser de otro modo. 

Nosotros hemos fijado el punto de vista humanista respecto a las fuerzas armadas relacionadas con el poder político y con la sociedad. 

Es la gente de armas la que tiene por delante un enorme trabajo teorético y de implementación práctica para adaptar esquemas a este momento tan especial que está viviendo el mundo. 

La opinión de la sociedad y el genuino interés de las fuerzas armadas por conocer esa opinión, aunque no sea especializada, es de fundamental importancia. 

Parejamente, una relación viva entre miembros de ejércitos de distintos países y la discusión franca con la civilidad es un paso importante en orden al reconocimiento de la pluralidad de los puntos de vista. 

Los criterios de aislamiento de unos ejércitos respecto a otros y de ensimismamiento respecto a las demandas del pueblo son propios de una época en la que el intercambio humano y objetal estaba restringido. 

El mundo ha cambiado para todos, también para las fuerzas armadas.
 

9. Consideraciones en torno a los ejércitos y la revolución
 
Hoy se imponen dos opiniones que nos interesan especialmente. La primera anuncia que la época de las revoluciones ha pasado; la segunda, que el protagonismo militar en la toma de decisiones políticas se atenúa gradualmente. 

También se supone que solamente en ciertos países atrasados o desorganizados permanecen amenazantes aquellas rémoras del pasado. 

Por otra parte, se piensa que el sistema de relaciones internacionales al tomar un carácter cada vez más sólido irá haciendo sentir su peso hasta que aquellas antiguas irregularidades vayan entrando en cintura. 

Sobre la cuestión de las revoluciones, como ya se ha expuesto, tenemos un diametral punto de vista. 

En cuanto a que el concierto de naciones “civilizadas” vaya a imponer un Nuevo Orden en el que no tenga lugar la decisión militar, es tema por demás discutible. 

Nosotros destacamos que es, precisamente, en las naciones y regiones que van tomando carácter imperial donde las revoluciones y la decisión militar irán haciendo sentir su presencia. 

Tarde o temprano las fuerzas del dinero, cada vez más concentradas, se enfrentarán a las mayorías y en esa situación banca y ejército resultarán términos antitéticos. 

Estamos pues, emplazados en las antípodas de la interpretación de los procesos históricos. 

Solamente los tiempos ya cercanos habrán de poner en evidencia la correcta percepción de los hechos que para algunos, siguiendo la tradición de los últimos años, resultarán “increíbles”. Con aquella visión, ¿qué se dirá cuando esto ocurra? 


Probablemente que la humanidad ha vuelto al pasado o, más vulgarmente, que “el mundo se ha desquiciado”. 

Nosotros creemos que fenómenos como el irracionalismo creciente, el surgimiento de una fuerte religiosidad y otros tantos más, no están puestos en el pasado sino que corresponden a una nueva etapa que habrá que afrontar con toda la valentía intelectual y con todo el compromiso humano de que seamos capaces. 

En nada ayudará seguir sosteniendo que el mejor desarrollo de la sociedad se corresponde con el mundo actual. 

Más importante será comprender que la situación que estamos viviendo lleva directamente al colapso de todo un sistema que algunos consideran defectuoso pero “perfectible”. 

No hay tal sistema actual “perfectible”. 

Por lo contrario, en él llega a la cima la inhumanidad de todos los factores que se han ido amasando a lo largo de muchos años. 

Si alguien juzga a estas afirmaciones como carentes de fundamento, está en todo su derecho a condición de presentar por su parte una posición coherente. 

Y si piensa que nuestra postura es pesimista, afirmamos que frente a este proceso mecánico negativo prevalecerá la dirección hacia la humanización del mundo empujada por la revolución que terminarán produciendo los grandes conjuntos humanos, hoy por hoy despojados de su propio destino.

Reciban con ésta, un gran saludo.

10 de agosto de 1993

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Extraído del muro de Manuel Hidalgo en Facebook
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