Por Carmen Esquivel, es jefa de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina
Estudiosos de los medios de comunicación aseguran que en el mundo de hoy un golpe de Estado necesita la complicidad mediática para validar sus argumentos, como lo demostró el caso de Honduras donde hay sobrados ejemplos de esta confabulación.
La gran prensa, propiedad de poderosos grupos económicos, silenció la asonada del 28 de junio, al punto de convertirse en portavoz del régimen de facto y hacer creer al mundo que nada estaba ocurriendo en el país centroamericano.
Mientras en las calles el pueblo protestaba y el ejército reprimía a los manifestantes, televisoras y radios afines a los responsables del cuartelazo transmitían programas musicales, novelas y noticias deportivas.
Cuando la comunidad internacional condenaba de manera unánime el golpe contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, estos medios, afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hablaban de sucesión presidencial dentro de la democracia.
El propio Zelaya responsabilizó con la asonada a una elite muy voraz, la cual maneja política y económicamente el país y se opone a cualquier cambio que afecte sus intereses.
En el caso de Honduras, al igual que ocurre en otras naciones del área, existe una alta concentración en la tenencia de los medios de comunicación vinculados con los intereses económicos transnacionales y locales.
Así, por ejemplo, la familia del magnate Rafael Ferrari es propietaria de manera directa o indirecta de seis canales de televisión.
Jorge Canahuati, relacionado indistintamente a los partidos Nacional o Liberal que desde hace décadas se alternan el poder, es dueño de dos de los principales diarios El Heraldo y La Prensa y del canal 9 de televisión.
Otro periódico de amplia circulación “La Tribuna” pertenece al ex presidente Carlos Flores Facussé.
La mayoría de estos órganos ofrecen una información manipulada de los acontecimientos y se encadenan hasta tres veces por día para difundir comunicados del régimen golpista.
Los diarios ignoran las protestas populares, los bloqueos de carreteras, las marchas pacíficas, y califican las manifestaciones contra el golpe como actos vandálicos provocados por simpatizantes de Zelaya.
Para justificar el accionar del régimen de facto y crear zozobra entre la población, El Heraldo trató, incluso, de responsabilizar a Venezuela con lo ocurrido en el país y habló de un supuesto movimiento de tropas en la frontera con Nicaragua.
La manipulación ha llegado al extremo de que La Prensa borró las manchas de sangre de la foto del joven Isis Obed Murillo, asesinado por efectivos del ejército durante una concentración popular en el aeropuerto de Toncontín.
Si la verdad de lo ocurrido en Honduras ha podido abrirse paso hoy es gracias a la prensa alternativa, a las agencias y radios internacionales y a las imágenes transmitidas por la cadena multinacional TeleSur.
No de balde el régimen golpista cerró y militarizó medios como Radio Globo y Radio Progreso, reprimió y golpeó a periodistas independientes y expulsó a reporteros internacionales.
“O te callas o te callamos”, dijo con tono amenazante un miembro de las fuerzas armadas al comunicador Luis Galdamez, director del programa “Tras la verdad”, de Radio Globo.
Al Canal 36 tampoco le ha ido nada bien. Desde el inicio de la asonada fue intervenido y, según su director Espra Amado López, existe una política de estado para sacarlo del aire, quitarle la frecuencia y apresar a sus directivos.
En su afán por legitimar el golpe y ocultar la represión, el régimen de facto llegó al extremo de apuntar con sus armas, arrestar y despojar de sus cámaras y teléfonos a los periodistas de Telesur.
Cuando ya no pudieron acallar la verdad expulsaron del país al equipo de la cadena multinacional y a los de Venezolana de Televisión.
“Lo que hicimos fue informar al pueblo de lo que estaba pasando en este país centroamericano y por esta razón, sin darnos explicaciones, fuimos agredidos”, dijo Adriana Sívori, reportera de Telesur.
Estos hechos, que constituyen una clara amenaza para la vida de los periodistas, fueron calificados por la SIP como simples “limitaciones temporales a la libertad de información”.
“La SIP se pliega a los factores golpistas en Honduras al evadir una posición contundente de censura en torno a la violación de la libertad de prensa por parte del gobierno de facto”, denunció la planta televisiva en un comunicado.
Por fortuna para nuestros países, América Latina vive hoy un proceso de integración y de transformaciones sociales, políticas y económicas que alcanza también a los medios de comunicación, y ha hecho posible, en el caso de Honduras, romper el cerco mediático.