El oportunismo, la irracionalidad y la violencia, suelen caracterizar muchas de las decisiones que los gobernantes adoptan; por eso, si bien nos parece arcaico, frente a algunos intentos expresados desde distintos sectores (aunque generados desde una misma fuente) es un imperativo pronunciarnos sobre la aberrante propuesta de imponer en nuestro país la pena de muerte.
La implantación de la pena de muerte como sanción frente a determinados delitos nos parece una propuesta irracional, propia del medioevo, que no se corresponde con una sociedad moderna, y mucho menos con la que los humanistas pretendemos a futuro: una sociedad basada en relaciones solidarias y no violentas.
No podemos dejar de destacar la actitud oportunista de quienes cada tanto arremeten con el tema, generalmente cuando la sociedad está sensibilizada por algún hecho doloroso, siendo en nuestro país las figuras publicas y maniáticas las que toman una postura fanática y violenta, más preocupados por subir el puntaje de su imagen pública que por lograr una verdadera justicia.
Efectivamente, la instalación del tema en los medios de difusión no surge ni de estudiosos y especialistas en la materia, ni del conjunto de la sociedad - afortunadamente -.
Por el contrario, los más destacados especialistas de nuestro país, al igual que la gente sensata, se oponen categóricamente.
Por supuesto que no existe sustento legal de esta propuesta, nadie explica cuál es la fundamentación teórica por la cual el Estado pueda decidir sobre la vida de las personas.
Implica una verdadera desnaturalización del estado convertirlo en criminal. No está probado que en los países donde aún rige la pena de muerte haya disminuido la delincuencia; por lo tanto, no sólo no opera como factor disuasivo frente al delito, sino que además una práctica tan aberrante priva a quien delinque de la posibilidad de corregir su conducta y reinsertarse en la sociedad.
Para los humanistas, mientras no haya justicia no habrá verdaderos culpables.
Y nuestro país necesita producir cambios de fondo para que la justicia deje de ser una utopía.
Los gobernantes, en lugar de ocuparse en reprimir los efectos de un grave problema social como es la creciente violencia, deberían preguntarse qué papel juega la injusticia de su política social y económica, en esa escalada de violencia. No es aplicando sanciones penales más severas como disminuye la delincuencia, sino desterrando la violencia que los modelos económicos salvajes infringen sobre el pueblo.
Más allá del sustento filosófico humanista que reconoce la vida humana - de todas las personas - como máximo valor, y que en consecuencia no encuentra justificación de ningún tipo que habilite a un ser humano a decidir sobre la vida de otro ser humano, consideramos que quienes histéricamente alientan procedimientos tan salvajes, deberían pensar cómo resolverían además la injusticia en que podría incurrir un juez al sentenciar a muerte a un inocente (¿sería pasible de ser sancionado con igual pena por su grave error?). Pero no sólo eso: ¿alguien puede imaginar lo que significaría dotar de semejante instrumento legal a jueces que se han vendido por un ropero?
Solo un insensato puede alentar una propuesta tan demencial que pondría a toda la sociedad en un estado de inseguridad e indefensión ante la posibilidad de una equivocación que nadie está libre de cometer, empezando por él.
Y entre tanta incoherencia terminan los ciudadanos confundiendo justicia con venganza, y pidiendo la legalización del asesinato a manos del Estado (pena capital), o bien haciendo “justicia por mano propia”, auspiciando un peligroso “ojo por ojo” (Ley del Talión), pretendiendo suplir con la violencia la ausencia de mecanismos que el Estado debería procurar para prevenir el delito.
Por último, al hacer este análisis no hemos dejado de considerar la situación en que se encuentran familiares de víctimas de hechos aberrantes, y que a veces desde ese estado y frente a la inoperancia del sistema judicial alientan la implantación de la pena capital, y nos parece que bien podrían poner su mirada en otros, también familiares de personas que han sido no sólo torturadas y asesinadas, sino también desaparecidas a manos de criminales impunes, y sin embargo rechazan la pena de muerte y abogan por una verdadera justicia. Me refiero a la Organización Madres de Plaza de Mayo.
Así que en síntesis: para empezar, hay que sacar definitivamente de la órbita de los otros poderes a la Justicia. Será poder independiente y democrático cuando sus integrantes sean elegidos por sufragio popular.
La población deberá insertarse, comprometerse y hacerse cargo de las dificultades que se van presentando en las distintas áreas de la vida comunitaria - justicia y seguridad entre otras -, y para ello necesita tener decisión.
Claro que esto le quitará posibilidad de manipulación a gobernantes y funcionarios de turno, es decir que será muy resistido.
En definitiva, la adhesión a estas propuestas y su implementación tienen más que ver con que la gente decida tomar las riendas de su vida, decida cómo quiere seguir viviendo, decida, en definitiva, si quiere construir su libertad o permanecer sometida.
